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Hablemos de educación

Tag: tax credit scholarships

De fiesta

Por Hergit “Coco” Llenas

La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos emitió una decisión en el caso de Espinoza versus Montana Department of Revenue que podría cambiar el panorama de toda la nación en lo que respecta a opciones escolares y el derecho de los padres a ejercer la libre selección de escuelas cuando se trata de la educación escolar (K-12) de sus hijos.
Montana es uno de 37 Estados en el cual existe una enmienda conocida como “Blaine Amendment”, la cual fue promulgada en 1875 con el fin de excluir de la distribución de fondos públicos a cualquier escuela que profesara una afiliación religiosa. Usando esta enmienda como herramienta, a una madre de Montana -Kendra Espinoza- se le negó el derecho de mantener a uno de sus hijos en una escuela privada/religiosa a través de una beca de crédito fiscal o tax credit scholarship. Unida a otros padres, la familia Espinoza entabló una demanda contra el Estado de Montana.
Con el veredicto a favor de Kendra, la corte ha reconocido la naturaleza discriminatoria de esta enmienda, afirmando por fin la constitucionalidad de los programas de opciones escolares. Al mismo tiempo, la decisión de la Suprema Corte revirtió el veredicto que la corte estatal de Montana tomará en contra del programa de becas. “El origen de leyes como Blaine proviene del siglo 19 y nació de un sentimiento de discriminación en contra de aquellas personas que profesaban la religión católica”, dijo John Schilling, presidente de la Federación Americana para los niños, conocida por sus siglas en inglés como AFC.
Los opositores han empleado la enmienda para desarticular el poder de los padres a escoger otra escuela que no sea la pública-tradicional y tanto en Montana como en otros Estados han sido exitosos arrebatando del menú toda oferta escolar que no fuera la laica. Así, el fallo recalca el derecho a la libertad religiosa y con tal medida queda estipulado que la constitución de este país no permite discriminar en contra de nadie debido a la fe que profesa. Y esto es buena noticia para la democracia.
Este es el tercero de una serie de casos judiciales que se han ganado a favor del acceso a programas de opciones escolares. En el 2002, los vales educativos fueron declarados constitucionales y en el 2011, la corte rechazó el argumento de que las escuelas privadas tienen prohibido participar de programas de becas de crédito fiscal. Dichas becas emplean recaudaciones de fondos de empresas y personas privadas, quienes a cambio reciben un crédito a través del Departamento de recaudación de impuestos.
Entonces, ¿qué pasará en los 37 Estados cuya constitución incluye una enmienda Blaine?
Pues, con esta decisión se abre una puerta para empezar a tener conversaciones reales con respecto al derecho de elegir una alternativa educativa que mejor se adapte a las necesidades de los niños. Además, es una oportunidad para que las opciones escolares se expandan en todo el país, lo que permitiría que la gran mayoría de padres en busca de acceso a una mejor educación logren cumplir su objetivo.
Se anticipa que el siguiente paso de este movimiento de reforma educativa será conseguir un programa de becas de crédito fiscal federal que sea tanto sostenible como inclusivo. Pero esa es la próxima frontera. Por hoy, celebremos la victoria del caso Espinoza y los efectos favorables que este fallo tendrá en la vida de todas las familias de Montana y más allá.

Si me das, yo también te doy

De Hergit “Coco” Lenas

La introducción de un proyecto de ley que ayudaría a familias a pagar por una escuela privada fue anunciada la semana pasada por la Secretaria de Educación Betsy DeVos, quien busca expandir de esa manera el menú de opciones a la hora de los padres elegir donde enviar sus hijos a estudiar. Este proyecto aspira a ser un nuevo cauce de ingresos el cual emplearía las estructuras de programas estatales de este tipo, ya existentes en diversos Estados de la nación norteamericana, para que personas y/o empresas puedan hacer contribuciones a organizaciones sin fines de lucro conocidas como Scholarship Granting Organizations o SGOs, como se les llama por sus siglas en inglés. Éstas, a vez, redistribuirán las recaudaciones en forma de becas. Por su parte, los padres podrían solicitar sus becas a través de los procesos establecidos por las SGOs y una vez aprobados, pagarían por la colegiatura de una educación privada tanto a nivel de la primaria como de la preparatoria. Así mismo, podrían emplear estos fondos para cubrir la matricula en institutos técnicos y vocacionales.
Por otra parte, los donantes recibirían un incentivo que consiste en un crédito federal no reembolsable dólar por dólar, que es decir: por cada dólar donado se les otorgaría un dólar de crédito ¡y ni un centavo más! cuando hagan su declaración de impuestos. O sea, que con esta ley los mecenas y filántropos recibirán un crédito por sus contribuciones.
Este plan inyectaría cinco mil millones de dólares anuales a estos programas, sin tocar los presupuestos destinados a mantener las escuelas públicas, ni alterar los montos invertidos en aquellos estudiantes que asisten a una escuela pública.
Además, los estados decidirían si quieren o no participar de esta iniciativa. De acuerdo a esta propuesta de ley, si optan por participar, los estados estarían obligados a otorgar un 90% de las recaudaciones en forma de becas y el 10% restante se emplearía para los gastos relativos a correr estos programas: personal, campañas de concientización, gastos administrativos y demás.
La propuesta fue auspiciada por el Senador Tez Cruz y el representante Bradley Byrne y se la conoce como la Education Freedom Scholarships. Ellos tienen ahora la tarea de lograr que pase por las diversas cámaras y comités para su aprobación. Vale aclarar que esta propuesta no pretende crear un nuevo programa federal, sino crear una nueva forma de emplear los códigos fiscales.
Suponiendo que les vaya bonito, lo cual no es garantía dado el clima imperante en las colinas de Washington D.C., esta nueva fórmula facilitaría la creación de más oportunidades y más beneficios económicos para millones de estudiantes que quisieran- pero no pueden- acceder a una educación privada.